López Obrador recordó que, aun cuando la reforma ya estaba en curso, Canadá y EU pidieron su realización como requisito para firmar el T-MEC, en tanto que el ministro Arturo Zaldívar dijo que el Poder Judicial tiene el reto de ayudar a recuperar la confianza de la sociedad en la justicia laboral.
Redacción AN / ZR / Foto: Cuartoscuro /18 de noviembre 2020 4:52 pm. Este miércoles 18 de noviembre inició la implementación de la primera etapa de la reforma laboral en 8 estados del país, que implica el cierre de ventanillas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federal y locales, que ya no recibirán nuevos casos y solo se dedicarán a terminar sus asuntos pendientes.
También implica el arranque de operaciones de nuevas instituciones, como son los centros de conciliación, federal y estatales, y los tribunales laborales, federal y locales, estos últimos, dependientes del Poder Judicial.
“La justicia laboral va a depender del Poder Judicial, ya no será solo la participación del sector obrero, patronal y el ejecutivo, que a veces era el poder de los poderes. Ahora es un tribunal independiente, del poder judicial”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto en Palacio Nacional con la presencia de secretarios de estado, ministros de la Suprema Corte, gobernadores y representantes del Poder Legislativo.
El mandatario reconoció que la reforma laboral también es respuesta a la petición hecha por Canadá y Estados Unidos cuando se negociaba el T-MEC como requisito para firmarlo. “Nosotros ya habíamos avanzado en eso, por eso no hubo ningún problema”, indicó.
Es una reforma histórica que, en su vertiente de transición de justicia, marca la transición a un modelo de disputas laborales en los que, por primera vez, jueces y juezas independientes e imparciales serán los encargados de adjudicar los derechos de las partes desde una perspectiva normativa constitucional, afirmó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de la Nación.
México viene de tener una justicia laboral lenta, con asuntos que tardaban por lo menos 4 años en resolverse, juicios parciales y discrecionales a cargo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales, que dependieron de los poderes ejecutivos para mantener el control, señaló la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Procedimientos opacos, muchas veces viciados, con recursos dilatorios que entorpecían el proceso, con los famosos coyotes que hicieron una industria del litigio en perjuicio de los trabajadores y empleadores. Falta de modernización tecnológica, provocando retrasos, desorden y poca transparencia.
La reforma se sustenta en tres pilares, que son nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva, dijo Alcalde Luján.
El nuevo modelo establece un proceso obligatorio de conciliación de 45 días para que empleadores y trabajadores diriman sus diferencias, el cual estará en manos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los centros de conciliación de los estados, al cual será también obligatorio asistir si se quiere iniciar un juicio.
Por su parte, los tribunales laborales realizarán juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez.
Será una justicia laboral moderna, sustentada en el uso de herramientas tecnológicas que brindarán celeridad, accesibilidad y confiabilidad a los procesos, e impartida por juzgadores especializados que por primera vez accedieron a sus cargos mediante concursos abiertos de oposición para todas las plazas, expresó el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, para quien la reforma salda una deuda histórica en términos de acceso a la justicia laboral.
“Tenemos el papel de consolidar una justicia laboral que fortalezca el estado de derecho, expedita, imparcial y profesionalizada que brinde certeza y seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, y que genere un clima de confianza que sea propicio para las inversiones”, añadió el ministro.
En materia de democracia sindical, la reforma establece como la vía para la aprobación de las principales decisiones de un sindicato el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus directivas y aprobar contratos colectivos y sus revisiones. “Esta reforma contempla que se haga realidad la democracia laboral, que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, con voto directo, secreto, que no haya imposiciones”, indicó López Obrador.
La reforma también establece la obligación de probar que se tiene la representación real de los trabajadores para que un sindicato pueda negociar con empleadores, para lo cual los sindicatos deberán tramitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la “Constancia de Representatividad”, donde demuestran tener el apoyo de 30% de los trabajadores para la celebración de un contrato colectivo inicial.
Ese Centro Federal llevará el registro nacional de sindicatos, contratos colectivos, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo, así como la supervisión de que se cumpla con la democracia sindical.
Los estados en los que se implementa la primera etapa son Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Tabasco e Hidalgo, este último solo a nivel federal, y en los siguientes años se ampliará la puesta en práctica de la reforma hasta su aplicación en todo el país.
Zaldívar indicó que el poder judicial afronta a partir de ahora el reto de contribuir a recuperar la confianza social en la justicia del trabajo y de hacer efectivo el acceso a la justicia laboral, lo cual es un anhelo añejo y una demanda social inaplazable.
